Política Económica

Problemas existentes con la Ley de Convertibilidad

La ley de Convertibilidad durante los primero años entre 1991 y 1995 logro sus cometidos como la baja de inflación , ademas al privatizarse empresas públicas y privadas lograron un gran ingreso de dolares al país pudiendo sostener con comodidad la cotización del 1 a 1 pero el aumento de las importaciones además del desempleo y la desindustrialización. La tasa de desocupación aumentó constantemente a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18,4% de la población activa desocupada, en mayo de 1995, durante la década de 1990, Argentina mantuvo una desocupación promedio de 11,8% y en octubre de 2001 había un 18,3% de desempleados, tras la salida de la convertibilidad, este índice alcanzó su máximo histórico en 2002, cuando anualizó un 22,64%.​ Desde octubre de 1993 hasta el tercer trimestre de 2006 la desocupación a nivel nacional se mantuvo siempre por encima del 10% y recién en el cuarto trimestre de ese año, el índice retrocedió al 8,7%, perforando el piso de dos dígitos.​ En el cuarto trimestre de 2011 el índice de desempleo oficial llegó al 6,7%, siendo ésta la menor cifra desde 1992. 

Ademas nuevos factores comenzaron a aquejar a la economía a partir de 1995, las empresas multinacionales giran utilidades y dividendos hacia sus casas matrices, mientras que muchas empresas locales, aprovechado el contexto internacional favorable, se habían endeudado en dólares, ya fuera emitiendo obligaciones negociables (ON) o a través de préstamos bancarios directos, lo que provocó una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción viable para el Gobierno, dentro de los márgenes de la convertibilidad, era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado.

En cuanto a la balanza comercial;la relación entre las importaciones y las exportaciones del país en los 11 años de convertibilidad, seis de ellos registraron un saldo negativo (con más importaciones que exportaciones). En esta etapa, el país llegó a tener tres años consecutivos de déficit comercial (entre 1992 y 1994, y entre 1997 y 1999). El tipo de cambio sobrevaluado y la apertura comercial provocaron el cierre de muchas industrias nacionales, con el consecuente aumento en la tasa de desempleo. Mucha gente se endeudó en dólares (pero con salarios denominados en pesos) y el gobierno de Carlos Menem se benefició electoralmente de dicha situación en la reelección (se decía el voto cuota).

Los costos del modelo

Índices de pobreza y distribución del ingreso

El régimen económico se caracterizó por un sostenido aumento en la pobreza y la desigualdad social. En términos distributivos, el período 1995-2001 mostró un proceso de fuerte concentración del ingreso. A su vez, esta evolución repercutió significativamente en la desigualdad de los ingresos familiares. En efecto, al comienzo de la década la relación de los Ingresos per Cápita Familiares (IPCF) entre el primero y último quintil era de 12 veces y se elevó a 20 veces hacia el final del régimen. En octubre de 1989 la pobreza llegaba al 47,3% de la población, mientras que en mayo de 1995 (mes en el que se realizaron las elecciones en las que renovó su cargo) este número llegaba al 22,2 por ciento. Sin embargo, en el segundo mandato de Menem, la pobreza volvió a aumentar. En octubre de 1999, mes en el que se realizaron las elecciones presidenciales que ganó Fernando de la Rúa (Alianza), la pobreza afectaba al 26,7 por ciento.

Déficit en la balanza de pagos

Sin embargo, además del desempleo y la desindustrialización, nuevos factores comenzaron a aquejar a la economía a partir de 1995, las empresas multinacionales giran utilidades y dividendos hacia sus casas matrices, mientras que muchas empresas locales, aprovechado el contexto internacional favorable, se habían endeudado en dólares, ya fuera emitiendo obligaciones negociables (ON) o a través de préstamos bancarios directos, lo que provocó una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción viable para el Gobierno, dentro de los márgenes de la convertibilidad, era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado. En cuanto a la balanza comercial;la relación entre las importaciones y las exportaciones del país en los 11 años de convertibilidad, seis de ellos registraron un saldo negativo (con más importaciones que exportaciones). En esta etapa, el país llegó a tener tres años consecutivos de déficit comercial (entre 1992 y 1994, y entre 1997 y 1999).

La desindustrialización

En términos del comportamiento industrial de largo plazo, el proceso de desindustrialización fue el fenómeno peculiar de los años 1990 ya que durante ese período se registra una pérdida de incidencia del valor agregado industrial en el generado por el conjunto de la economía durante la cual disminuyen un 15% el número de establecimientos y se expulsa la cuarta parte de la mano de obra sectorial, alcanzando su mayor intensidad en términos de lo que se puede considerar la gran industrial local (los establecimientos con más de 100 ocupados). El endeudamiento externo se incrementa a una tasa anual del 8,6% durante la década analizada, más que duplicándose en términos absolutos (de 61 a 140 mil millones de dólares, entre 1991 y 2001). Más acelerada aún es la expansión de los capitales locales radicados en el exterior que lo hace al 9,6% anual, determinando que el stock de los capitales fugados pase 55 a 139 mil millones de dólares durante el período tratado.
Entre 1993 y 2000, en un contexto signado por un aumento en la concentración global de la economía argentina a favor de las empresas de la cúpula, en el mismo período se registró un aumento significativo e ininterrumpido de la importancia relativa de las empresas controladas por actores extranjeros: mientras que en 1993 la participación de este tipo de firmas en el producto bruto global de la cúpula fue del 32%, en 2000 ascendió al 73 por ciento. En efecto, las empresas extranjeras controlaban, en 2000, alrededor del 95% del producto bruto generado, en conjunto, por las líderes que actúan en el ámbito de “minas y canteras” (se trata, básicamente, de empresas que se dedican a la producción de gas y/o petróleo, así como, en menor medida, a la explotación minera), y una proporción similar del de las que se desempeñan en el ámbito de las “comunicaciones”; el 86% del de las que fabrican “maquinarias, equipos y vehículos”; el 82% del valor agregado de las que se especializan en la elaboración de "combustibles, químicos y plásticos".

Deuda externa y aumento de impuestos

Cavallo anticipaba que la deuda pública disminuiría hacia el fin del siglo, pero la realidad fue que para el 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional ascendía ya a 87.091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma se había elevado a 90.471,80 millones. Esta situación condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público, lo que a su vez generó un aumento en el déficit fiscal. Asimismo el déficit fiscal fue cubierto a través de nuevas deudas. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de 1991, la deuda pública era de 61.400 millones de dólares. El restablecimiento pleno de los pagos se había concretado recién en 1993, tras la puesta en marcha del Plan Brady.
Para intentar reducir el déficit fiscal, Cavallo decidió realizar ajustes en los gastos de funcionamiento del Estado y en los servicios sociales. En materia impositiva se aumentó la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 18 al 21 por ciento (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2% del PBI. Un año después en medio de la crisis económica de 1995, Cavallo aumentó las cotizaciones patronales en 30 puntos respecto, la rebaja del 25% a los diferentes niveles de reintegros a la exportación, el aumento de los aranceles a la exportación y del arancel común externo del Mercosur.

Desocupación, subocupación y pobreza

Al asumir el Ministerio de Economía Cavallo, los valores de desocupación y subocupación eran de 8,1 y 8,6 % respectivamente, tras solo cuatro años de su gestión, el desempleo y el subempleo habían alcanzado picos históricos de 18,4 y 11,3 % en mayo de 1995. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral. En 1990, Argentina tenía una tasa de pobreza del 19 %,10​La producción nacional vio destruida su competitividad ya que resultaba más barato importar una cierta máquina de manera íntegra que fabricarla en el país. Con la convertibilidad, que continuó con el gobierno de Fernando De la Rúa, el desempleo pasó del 6.9% al 25.4% en una década. Al finalizar la gestión de Cavallo, en 1995 la pobreza había aumentado a más del 36% de la población (13,4 millones de personas se encontraban bajo la línea de pobreza), en tanto que el 8,6% (3,2 millones de personas) vivían en la indigencia.

El gobierno de Fernando de la Rúa y la convertibilidad

Tras las elecciones presidenciales, el nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea encaró un programa de severo ajuste fiscal recomendado por el FMI, que incluyó reducciones del gasto público e incrementos en las alícuotas del impuesto a las ganancias. La crisis definitiva de la convertibilidad se inició en octubre de 2000, tras la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaban ocurriendo dentro del gobierno y por ratificar en los cargos y promover en el gobierno a los sospechados de corrupción. Carlos Álvarez expreso “Su gobierno fue un fracaso”,dijo durante el juicio por los sobornos en el Senado.​

Gestión de José Luis Machinea

La primera medida trascendente antes de finalizar 1999 fue la aprobación de la Ley de Reforma Tributaria, que preveía aumentar el impuesto a las ganancias, realizar quitas a las jubilaciones mayores a los 3100 pesos, generalizar la aplicación del IVA, entre otras modificaciones que suponían un aumento de casi todos los impuestos internos.​ El aumento impositivo fue parte de un paquete que procuró en general mejorar la economía, así como atender deudas pendientes como el Fondo para el Incentivo Docente, pero esto resultó sin embargo insuficiente para resolver el deterioro de las finanzas públicas.

El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo.
El año 2000 no fue sencillo para el nuevo Gobierno, ya que el estallido de la burbuja «punto com» en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14 % anual en dólares) y agravó todavía más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal.

El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.
En el 2000 Machinea impulsó la Ley de Flexibilización Laboral que recortó sueldos y jubilaciones de estatales,​ ocasionando el malestar de la población, esto comenzó la crisis definitiva de la convertibilidad se inició en octubre de 2000, tras la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez,  disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1038 millones en noviembre de 2000.

Blindaje financiero

Ante la crisis de depósitos del sistema bancario de octubre y de noviembre del 2000, a comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El «blindaje financiero» finalmente se aprobó en el mes de diciembre del 2000 y alcanzó una suma cercana a los 38 000 millones de dólares con un interés del 8% anual ,​ sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres. El Blindaje tenía como principales condiciones por parte del FMI:

• Reforma previsional: eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.
  
• Racionalización de la administración pública.
• Reducción del gasto público: en el segundo semestre de 2001 el gobierno ajustaría el gasto en 4.000 millones de pesos, cifra equivalente al 1,5% del PBI. 2.100 millones de esos 4.000 serían recortados a las provincias. Las otras dos partidas ajustadas serían las prestaciones a la seguridad social (jubilaciones) y los salarios del sector público.
• Reestructuración de la ANSES y del PAMI: se le agregaba la desregulación de las obras sociales.
• Congelamiento del gasto primario público de la Administración Nacional y Provincial.

A cambio de gestionar los nuevos créditos, el FMI no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al Parlamento. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el FMI habían sido instrumentadas por decreto
El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.pero la Argentina tenia​ una economía destruida por el incremento de las importaciones y las escasas exportaciones durante la gestión de Carlos Menen. 

Sin embargo, el «blindaje» solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001 debido a una persistente fuga de divisas y a principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina hasta el momento. En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy.
El Gobierno buscaba bajar el déficit aumentando impuestos y recortando servicios sociales, lo que a su vez generaba mayor recesión y un aumento en el déficit, que debía ser cubierto con más deuda y mayores recortes. Las dudas sobre la capacidad de pago del país y sobre la continuidad de la convertibilidad comenzaron a reflejarse un una creciente fuga de depósitos bancarios, a pesar de las medidas, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por US$ 85 000 millones. Para marzo se habían perdido más de 5 000 millones.​

Gestión de López Murphy

En marzo Machinea renunció al Ministerio de Economía ya que «el blindaje financiero» había fracasado., con el fin de reducir el déficit público, el 5 de marzo asumió López Murphy con el anunció un recorte de 1.962 millones de pesos en gastos de la administración pública, que incluía cancelar partidas destinadas a operaciones políticas de la SIDE; pagar en 12 cuotas el retroactivo de las altas jubilaciones, declarar la emergencia jubilatoria, anulación de pensiones y sistema de becas estudiantiles, achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, eliminación de ayuda a productores rurales de siete provincias por 180 millones, despido de 40.000 empleados públicos, recortes en las indemnizaciones por despido, privatización de empresas publicas, ceder al TN las utilidades de la Administración General de Puertos; disminuir envíos discrecionales y políticos de ATN a las provincias; abolir, salvo invalidez, las pensiones graciables eliminar becas y subsidios. Argentina perdió rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó. En 2001, la gente temiendo lo peor comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos a dólares y enviándolos al extranjero, provocando una corrida bancaria.

Entre las ideas de  López Murphy estaba la de privatizar el Banco Nación y reducir gastos en Salud; la sociedad argentina que se encontraba conmovida por el suicidio de René Favaloro, evitó las impopulares medidas del ministro y éste debió renunciar ante la solicitud del presidente, tan sólo 15 días después de su asunción el .20 de marzo de 2001

Gestión de Domingo Cavallo

Fernando de la Rúa ante la critica situación económica nombró como nuevo ministro a Domingo Cavallo, que fue el mismo que había impulsado la Ley de Convertibilidad del Austral en 1991, su asistente fue Federico Sturzenegger ocuparía años después durante la presidencia de Macri el Banco Central realizando tambien un desastre en la economía, cuando Domingo Cavallo asumió el ministerio el país ya se encontraba ahogado por el déficit presupuestario.

Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del Gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el Gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.

Cavallo inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5 %, rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en lo que se presentó como «Planes de Competitividad».​ aprobó el impuesto a las operaciones bancarias y se efectuaron delegaciones de atribuciones del poder legislativo en el poder ejecutivo. Sin embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos internacionales de crédito. En julio de ese año, Cavallo viró hacia una fuerte ortodoxia económica. Para ello presentó un plan de «Déficit cero», con un nuevo recorte general de gastos en la administración pública, el riesgo país continúo en alza, y la agencia crediticia Standard & Poor's ubicaba, ya en noviembre al país entre los de peor calificación de riesgo crediticio del mundo.

Se aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado «megacanje» tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.

Superpoderes de Cavallo

Deudas provinciales

La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16000 millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3500 millones de dólares. Durante la primera semana de julio de 2001, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3000 millones de dólares y requirieron apoyo del Gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de letras del Tesoro nacional determinó una tasa de corte del 16 % anual para plazos de 180 días.
En el mes de mayo de 2001, Cavallo había logrado convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, llamó por teléfono al presidente De la Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, este le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba con el apoyo de la UCR.

Ley de déficit cero

En julio de 2001 el Congreso aprobó la Ley de «Déficit Cero», que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6000 millones de dólares anuales.19​20​ Según este plan la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13 % que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país.
Existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la recaudación impositiva.
El número y contenido de los discursos opositores creó tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3000 millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente «unidad política»

Megacanje 

Cavallo creó el megacanje que era  un mecanismo mediante el cual Argentina (que no podía pagar la deuda) cambió títulos, con tasas de interés del 5 %, por otros con una «mejor financiación» a largo plazo. Lo cierto es que los nuevos títulos tenían un interés del 18 % pero resultaba práctico porque se buscaba más tiempo, esto generó una grave pérdida de competitividad de la Argentina.
Domingo Cavallo junto a Federico Sturzenegger firmó el Decreto 648/01 que habilitó la operación del megacanje, según los expertos, el Megacanje aumentó el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares sumado capital e intereses y por esta operación fue procesado por la justicia Argentina en el marco de la causa por el Megacanje de De La Rúa, junto al banquero estadounidense David Mulford, prófugo de la Justicia.
Los resultados del Blindaje y el Megacanje causó un aumento del endeudamiento externo, antes de esta operación hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares, con posterioridad al Megacanje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de dólares y para el año 2003 alcanzaría 102.000 millones de dólares. Antes del Megacanje, Argentina debía pagar en el período 2001-2031 por los vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del Megacanje, ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a los 98.400 millones de dólares. Además, la deuda pública total pasaría de los 124.400 millones de dólares a los 126.600 millones de dólares. Por su parte, los intereses de la deuda treparían de 82.300 millones de dólares hasta los 120.700 millones de dólares.

Corralito

En noviembre la Subdirectora del FMI, Anne Osborn Krueger, anunció que Argentina no recibiría más dinero y esto provocó el pánico bancario. Ante la desesperante situación caótica, el 3 de diciembre Cavallo anunció una drástica medida: el Corralito. El propio Ministro anunció la medida por televisión y se encargó de explicarla: por semana no se podría retirar más de 250 pesos.

El Corralito es lo que se llama un «control de cambios» que no tenía porque perjudicar a nadie. La gente podía movilizar sus ahorros pagando con cheque, tarjeta de débito o transferencia bancaria. Era la única medida que se podía tomar frente a una corrida de esa naturaleza.
Domingo Cavallo

Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron popularmente denominadas como el «corralito», afectaron a mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquellos que operaban en la economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. El día 14 de diciembre, Cavallo canceló las letes (letras del tesoro) por casi 770 millones de dólares. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409.7 millones, mientras que los restantes 360 millones de dólares se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que fue absorbido, de manera compulsiva, por las propias AFJP.​

Para evitar a toda costa el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de pago de otros 900 millones de dólares adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de diciembre de 2001 fue el último pago de deuda que realizó la Argentina.

La caída

Huelga general y saqueos

El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.
Simultáneamente con la huelga general comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros. Varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes.​ Miles de personas participaron de saqueos, robos de camiones en las rutas, robos comunes, cortes de calles en las ciudades. Hubo muestras de sobra de descomposición social, política y económica. Los sectores sociales más bajos se llevaron comida y mercadería de grandes supermercados, pero también de negocios de barrios pobres, en un clima de enorme descontrol que posibilitó también la infiltración de ladrones comunes entre los necesitados. Mientras que los pequeños comercios fueron los más afectados por los saqueos en los que la policía liberó la zona, según declararon, "para evitar muertes", los grandes hipermercados fueron protegidos por esta y nos sufrieron grandes daños. En esos siete días de saqueos fueron asesinadas siete personas por las fuerzas de seguridad y los propios comerciantes. Por la noche, salieron a las calles céntricas de la Capital sectores de clase media.

El estallido

La noche del 19 de diciembre el presidente De la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales. La Constitución argentina establece que la declaración del estado de sitio es una función exclusiva del Congreso de la Nación cuando se encuentra en período de sesiones (art. 75, inc. 29). Paralelo a ello, parte de la guardia presidencial (el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín) se había alistado en la residencia de Olivos. Otra parte quedó en la Casa Rosada, cuya entrada en el número 50 de la Calle Balcarce ostentó una ametralladora calibre 12.70. En ambos sitios también se movilizaron soldados con municiones y armas automáticas.​

Inmediatamente después de terminado el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como "el Cacerolazo". Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia del presidente De la Rúa y comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento: "¡que se vayan todos!". El presidente siguió los hechos a través del canal Todo Noticias del Grupo Clarín. Durante la tarde del 19 llegó a solicitar al entonces Comité Federal de Radiodifusión que interfiriera la señal del canal. Se sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo presentada por la noche del día 19, y aceptada a las 3 de la mañana del día siguiente, el ministro también solicitó garantías a su seguridad personal.​

En la mañana del 20 quedaban unos pocos manifestantes entre los que se encontraban oficinistas, empleados, amas de casa y niños; comenzaron a arribar miembros de organizaciones políticas. Entre los integrantes de estas organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban, entre otros, Madres de Plaza de Mayo y grupos de piqueteros pertenecientes a la agrupación Quebracho.​ Las madres de la plaza fueron agredidas por agentes de la Policía Montada. En la plaza también estaba presente la jueza federal María Romilda Servini quien intentó sin éxito frenar la represión policial, siendo también afectada por los gases lacrimógenos de la Policía Federal, cuyos uniformados estaban equipados con escopetas y armas de distinto calibre (haciendo uso de balas de plomo), con la orden de despejar la plaza de manifestantes.

Esta represión, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales, en directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestantes ocasionales se acercaran a la Plaza. Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía, si bien las investigaciones judiciales aún no han finalizado. 

Los Saqueos del 20 de diciembre

El 20 de diciembre cerca de 70 grandes supermercados y más de 300 pequeños comercios saqueados, destrozados, rotos, vacíos fue el saldo del primer día de furia protagonizado por miles de personas que, sin poder resistir más la profunda crisis económica, salieron a la calle a robar. Los partidos más populosos del conurbano bonaerense sufrieron, en mayor o en menor medida, la ira de los saqueadores, en general mujeres con niños en brazos, jóvenes de entre 10 a 15 años y hombres mayores de 50 que se llevaron todo, desde leche hasta una cinta para correr.
En horas del mediodía, los saqueos se cobraron la primera víctima. Diego Avila, de 24 años, murió ayer en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, cuando un comerciante chino, propietario de un mercadito, blanco de los saqueadores, le disparó a la cabeza. A varios kilómetros de allí, en la localidad de Ciudadela, otro comerciante chino, pero sin armas, lloraba desconsoladamente mientras más de 300 personas le vaciaban el local.

No era el único que lloraba. En ese aquelarre que fue la jornada de ayer, mujeres histéricas y niños de ojos grandes se confundían con adolescentes armados, cuyos rostros estaban ocultos. Y estaban ocultos porque en la mayoría de los casos saqueadores y policías se conocían: "No me pegués, yuta, que vivís en el mismo monoblock que yo", la policía no reprimía en parte porque no estaba preparada para hacerlo y en parte porque, según fuentes confiables, había orden de "dispersar". Nada más.
Los funcionarios de primera y de segunda línea de la provincia se negaron durante todo el día a proporcionar datos exactos de la cantidad de comercios afectados, de los detenidos, de los muertos y de los heridos. Ni hablar de calcular las pérdidas económicas para los comerciantes. Ni qué decir de las patéticas escenas que se repitieron sin solución de continuidad. Como si se tratara de una conjura, los funcionarios sólo aceptaban estar desbordados y en voz baja atinaban a decir: "¿Qué podemos hacer? Hay hambre, ellos tienen hambre".

Y "ellos", los hambreados y los "otros", los oportunistas sin hambre, se llevaban todo. Como en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde los saqueos comenzaron en Hurlingham, por la mañana, y terminaron en el barrio La Horqueta, a la tarde, a 100 metros de la ruta Panamericana: un ejército de pobres avanzó a pie y arrasó con lo que había. En Derqui, Pilar, cientos de personas se convirtieron en topadoras humanas, topadoras que aplastaban y pisoteaban lo que a las corridas no se podían llevar. Entre esas especies de topadoras había madres con niñitos visiblemente desnutridos...Estos hechos se repitieron, casi calcados, en todo el conurbano. En La Matanza una madre, paralizada y hablando como una autómata, decía: "No vengo a robar, sólo quiero un sachet de leche", que no logró. A su lado, un hombre pasaba con un cajón de sidra. En Lanús también hubo saqueos -en todos los casos del conurbano los grupos no bajaban de las 400 personas- y en Morón los pobres corrían con mercadería por las calles céntricas, mientras que en el partido de Malvinas Argentinas los comerciantes soldaban las persianas, en una carrera frenética contra el avance del ejército hostil.

Renuncia del presidente

Mientras tanto, la noche del 19 de diciembre, y tras el pedido de renuncia de Cavallo, el resto del gabinete también puso sus renuncias a disposición del Presidente, el ministro del Interior, Ramón Mestre, vació su despacho tras renunciar en la mañana del día 20, por la tarde le siguió el ministro de Justicia y hermano del presidente, Jorge de la Rúa.

A las 16:00, De la Rúa anunciaba por cadena nacional que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar y se presentó ante las cámaras con solo tres de sus ministros y el vocero presidencial Juan Pablo Baylac.​ 

El pedido fracasó, en su mensaje que duró unos 11 minutos, ofreció al Partido Justicialista un gobierno de unidad, convocó a un acuerdo para reformar la Constitución y «efectuar todos las variantes políticas que sean necesarias para mejorar la situación del país». También comunicó el desdoblamiento del ministerio de Economía, creando el ministerio de Producción (que hubiese integrado las áreas de industria e infraestructura) a cargo de Nicolás Gallo y el pase a la Jefatura de Gabinete de las secretarías de Hacienda, Finanzas e Impuestos. Ese día, el presidente debía viajar a Montevideo a una reunión del Mercosur, pero decidió cancelar el viaje a última hora.

A las 19:37, De la Rúa renunció luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar al Gobierno. Previamente, el Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini solicitó una hoja con membrete presidencial, donde el mandatario escribió su renuncia de puño y letra, dirigiéndose a Ramón Puerta, presidente provisional del Senado. Luego en el despacho presidencial, firmó su último decreto: 1682/2001, «para regularizar las acciones de la Policía y enmarcarlas dentro del contexto de conmoción interior». También se comunicó con el jefe del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro.  El fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, registró la imagen del ya expresidente acomodando sus cosas en su escritorio.

El contenido de su carta de renuncia fue el siguiente:

20 de diciembre de 2001
Al señor presidente provisional del honorable senado, ingeniero Ramón Puerta:
Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios.
Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla.
Lo saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la ventura de mi Patria.
Fernando de la Rúa.

Uno de los funcionarios que lo acompañaron en aquel gesto del final, recuerda que, una vez que estampó su firma en el texto de renuncia Fernando de la Rúa pareció recuperar la energía, como si se hubiera sacado un peso de encima

—Bueno, ya no tenemos nada que hacer hoy acá. Nos vamos —les indicó a sus acongojados colaboradores.

Y salió del despacho para tomar el ascensor privado, pero lo frenó el jefe de la Casa Militar, el vicealmirante Carlos Carbone, que llevaba menos de dos días en su cargo.

—Señor Presidente, no puede salir por allí. La seguridad depende de mí y hay muchísima gente en la Plaza.
—Me voy directamente, como lo hago siempre.
—No, señor Presidente, ya está listo el helicóptero. No se puede salir por tierra.

De la Rúa fue llevado rápidamente a la azotea, donde ya lo esperaba un helicóptero Sikorsky S76B apenas posado —sin descargar todo su peso— para proteger de posibles fisuras al techo y a las paredes del histórico edificio. A las corridas y en apenas un minuto, abordó la máquina, junto con su edecán, el teniente coronel Gustavo Giacosa —también en su segundo día en el cargo— y el subjefe de la custodia presidencial, el subcomisario Marcelo Lioni, el calvo al que muchos tomaron por Cavallo al verlo por televisión. 

Eran las siete y cincuenta y dos de la tarde y el helicóptero blanco se elevaba en medio de aplausos, gritos e insultos de la gente que protestaba en la Plaza de Mayo. La imagen evocaba la partida de la presidenta Isabel Perón poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1976, minutos antes de que fuera desalojada del gobierno por los militares. De la Rúa llevaba su ejemplar de la Constitución apretado entre las manos y apenas atinó a mirar por la ventanilla en los cuatro minutos y medio que duró el viaje hasta la residencia de Olivos.