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Primer Triunvirato
Reformas judiciales
Con simulación fernandina o sin ella, la revolución avanzaba en todos los terrenos, pese a los obligados altibajos. Fue elaborada y dictada una nueva organización de la justicia y de la prevención del delito, como la que se expresa en el Reglamento de institución, y administración de justicia del Gobierno superior provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de enero de 1812.
Nueva legislacion
No hace innovación en cuanto a la doctrina, pero significó mucho la sustitución de la real Audiencia por la Cámara de apelaciones. Sin embargo, ese Reglamento fue objeto de críticas severas por parte de Pazos Silva, críticas que dieron motivo a la primera intervención de la Junta protectora de la libertad de imprenta a raíz de la acusación del fiscal Pedro José Agrelo.
Fueron nombrados para integrar la Cámara de apelaciones Juan Luis Aguirre, Francisco del Sar, Tomás Valle, Gabino Blanco, Hipólito Vieytes; Agrelo fue designado agente fiscal, y Bartolome Cueto, relator.
También se instituyó un tribunal de concordia, destinado a actuar como amigable componedor, cuya, presidencia fue confiada a Agustín Pío de Ella, con Antonio Álvarez Jonte y Mariano Sarratea como vocales. Julián Leyva fue nombrado primeramente para la presidencia de ese grupo, pero no pudo hacerse cargo de sus funciones a causa de su ceguera progresiva.
La delincuencia había cobrado caracteres alarmantes; se penó el juego, el uso de armas, se dictaron providencias rigurosas contra el robo y el asesinato. Una comisión de justicia con amplios poderes recibió la misión de juzgar sumariamente y proceder al castigo inmediato de los infractores; la integraron Miguel Irigoyen, Pedro José Agrelo, Vicente Anastasio Echeverría y Manuel José García. Esa comisión dio por finiquitadas sus funciones en agosto del mismo año por haber sido superada entretanto la situación que dio origen a su nombramiento.
Pedro José Agrelo fue miembro de la Sociedad Patriótica y actuó como Fiscal de Cámara y Juez Comisionado para Bienes Extraños y Cobro de Contribuciones. En 1812 se le designó miembro de la Comisión Extraordinaria de Justicia. Actuó como juez sumariante en la fracasada conspiración de Martín de Álzaga, proveyendo a Bernardino Rivadavia la base legal para la ejecución del español.