Organización Política

Organización Política

Tanto la figura de los karaís o profetas pan-guaraníes (no adscritos a una tekua en particular sino a la "nación" en general) como la búsqueda de la tierra sin mal, fueron dos rasgos de la cultura guaraní que los jesuitas supieron aprovechar. Ellos también eran como los karaí (con los que compitieron durante los primeros años) portadores de una nueva: el "camino al paraíso" era compatible con el aguyé o camino de la perfección guaraní con destino a la Tierra Sin Mal. Los padres misioneros aunaron los sistemas de valores y creencias de la cultura guaraní de la época prehispánica con la cosmovisión del catolicismo logrando la unificación de los guaraníes bajo la protección de las leyes de la corona de España de las que los jesuitas eran garantes. Los guaraníes también supieron aprovechar este hecho frente a la creciente expansión del frente colonial hispano-portugués, en especial a partir de 1640, cuando el reino de Portugal se independizó de los reyes de España.

La mayoría de los líderes políticos guaraníes de muchas tekuas aceptaron levantar iglesias, que eran símbolos de la protección divina y jurídica, aliándose en definitiva con lo que la Compañía de Jesús representaba. Otros líderes, por el contrario, se mantuvieron en guerra y continuaron el ciclo de enfrentamientos con sus propios connacionales: para un guaraní comerse a otro de ellos era de motivo religioso y no lo hacían a menudo. Porque según la tradición «...sólo los guaraníes son capaces de acumular energía para llegar a la Tierra sin mal».

El sistema político imperante mantenía a las reducciones estrictamente subordinadas al monarca español, quien ejercía su autoridad en América por medio de las Reales Audiencias de Lima y Buenos Aires. Por ello los jesuitas recurrían permanentemente al rey, solicitando autorizaciones o pedidos varios, favores y hasta privilegios. En algunos casos las solicitudes se dirigían a las audiencias y a los gobernadores.

Todas las misiones jesuitas fueron fundadas siguiendo el mismo modelo: la iglesia, la residencia de los padres y las casas regulares de los indios que se ubicaban a alrededor de una gran plaza.

El gobierno de cada misión tuvo muchas similitudes con las instituciones que los castellanos trasplantaron al Nuevo Mundo desde la península ibérica, aunque le sumaron características particulares atendiendo a la idiosincrasia de los naturales de la región.

Como gobierno local, en cada reducción funcionaba un cabildo precedido por el corregidor, que era además la autoridad principal del pueblo, conocido entre los guaraníes como parokaitara ‘el que dispone lo que se debe hacer’. Era confirmada su elección por el gobernador y generalmente el elegido era uno de los caciques del pueblo y solía ser a perpetuidad. De esta forma los jesuitas fueron continuadores de las instituciones indígenas ya que el jefe de la tribu era la máxima autoridad comunal.

Otras autoridades eran los alcaldes de primer voto y segundo voto, también llamados ivírayucu ‘el primero entre los que llevan vara’. Ellos velaban por las buenas costumbres, castigaban a los holgazanes y vagabundos y vigilaban a los que no cumplían sus deberes. Esta autoridad se ejercía dentro del pueblo, junto con cuatro alcaldes de barrio, fuera de él había entre seis y ocho comisarios para los cuarteles. Una veedora vigilaba a las mujeres, cuatro celadores a los niños y cuatro inspectoras a las niñas.

Además del corregidor y los alcaldes, el cabildo estaba integrado por un teniente de corregidor, un alguacil, cuatro regidores, un alguacil mayor, un alférez real, un escribano y un mayordomo, del cual dependían los contadores, los fiscales y los almaceneros. Los integrantes del cabildo eran electos cada 1 de enero por los que dejaban el cargo en una asamblea general y puestos a consideración de los sacerdotes y luego a confirmación del gobernador.

Los regidores se encargaban de inspeccionar el aseo y la limpieza en los lugares públicos y privados, controlando también la concurrencia de los niños a la escuela y el catecismo.

El alguacil era quien se debía encargar de ejecutar las órdenes del cabildo y de la justicia. La legislación misionera excluyó la pena de muerte, otro de los grandes avances que la organización jesuita incorporó en sus comunidades.