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De perseguidores a perseguidos
Luego de la caída y renuncia del Director Supremo Carlos María de Alvear se desato un período de cruda persecución a los adeptos del régimen depuesto; el ensañamiento quizás fue excesivo y en muchos casos condenable.
Las persecusiones
Fueron encarcelados los secretarios Nicolás Herrera, Juan Larrea y Francisco Javier de Viana; arrestados Matías Irigoyen y Juan Florencio Terrack.
Se formaron tres comisiones de justicia: una militar, otra civil y una tercera de secuestros. Para la militar fueron nombrados Miguel Estanislao Soler, Juan Bautista Bustos, Juan José Viamonte; auditor, Francisco Bruno de Rivarola; fiscal, Nicolas de Vedia. Para la comisión civil, Gregorio Tagle, Manuel Obligado y Manuel Vicente Maza, con Miguel Villegas como fiscal; nombrados Tagle y Obligado secretarios de hacienda y de gobierno, fueron reemplazados por Bartolomé Cueto y Miguel Villegas. En la comisión de secuestros actuaron Felipe Arana, Juan José Anchorena y Manuel Aguirre.
Fueron entregados a Artigas, engrillados, Ventura Vázquez, Matías Balbastro, Juan Fernández, Ramón Larrea: Enrique Paillardell, Antonio Díaz y Juan Zufriategui.
Artigas rechazó el presente que se le hacía y respondió que no era el verdugo de Buenos Aires. La comisión militar condenó entonces a los nombrados a destierro perpetuo, menos a Enrique Paillardell, que fue fusilado por haber sido presidente del consejo que condenó a Úbeda.
Paillardell había sido utilizado por Belgrano para insurreccionar los pueblos de la costa del Bajo Perú y había dirigido la academia de matemáticas del ejército auxiliar del Perú.
En la saña persecutoria surgió el delito de facción, y la comisión civil aplicó esa incriminación contra los que habían actuado de algún modo en el régimen de la Asamblea.
Posadas, Monteagudo, Vieytes y José Valentín Gómez fueron desterrados a destinos ultramarinos; Agrelo fue confinado en el Perú; Donado, en San Luis bajo vigilancia; sufrieron también destierro Nicolás Rodríguez Peña, Nicolás Herrera, Pedro Pablo Vidal, Saturnino Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte; en prisión bajo diversos pretextos fueron mantenidos Juan Larrea, Guillermo Pío White y Manuel Moreno; a poblaciones fronterizas del interior fueron destinados muchos otros. Asesor general del gobierno en esos procedimientos fue Juan José Paso.